A partir del 7 de noviembre comenzarían a funcionar los dispensadores de efectivo de AKB Fintech | Foto: Archivo-El Pitazo
Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro presentó este martes 15 de septiembre una oferta condicionada a los tenedores que tengan una serie de bonos de la República y las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Electricidad de Caracas.
El anuncio estuvo a cargo de la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, quien en una alocución televisiva aseguró que el gobierno de Maduro cumpliría con los pagos de deuda pública del país. De acuerdo con la funcionaria, la oferta condicionada se presenta a los acreedores «con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos».
Sin embargo, el economista y director de la firma Capital Market, Jesús Casique, afirma que la propuesta de reestructuración de la deuda venezolana no contempla dos obstáculos fundamentales: las sanciones que ha impuesto el gobierno de Donald Trump sobre Venezuela y la carencia de un plan macroeconómico viable.
«En primer lugar, los tenedores de bonos tendrían que obtener una autorización de la Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) en Estados Unidos para efectuar cualquier tipo de transacción con el gobierno de Maduro», explicó Casique.
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Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, dijo que la reestructuración es inviable, porque los bonos emitidos por la República y (Pdvsa), durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez se rigen por la Ley de Nueva York y, «por tanto, ningún tenedor de bonos va a aceptar un acuerdo de reestructuración de deuda con Maduro».
Guerra, también economista y actualmente en el exilio, señaló que «es absurdo» plantear el pago de la deuda externa, pues las reservas del Banco Central de Venezuela apenas llegan 6.320 millones de dólares. «Además, este año el ingreso por exportaciones en su mejor escenario alcanzará a 4.000 millones de dólares. No hay cómo pagar ni se debe pagar», remarcó.
Según datos de la Asamblea Nacional, para 2020, la deuda pública venezolana en total excede los 130.000 millones dólares, incluyendo la deuda de la República, Pdvsa (65.000 millones de dólares) y los créditos del Fondo Chino (superior a los 68.000 millones de dólares).
Desde finales de 2017, Venezuela suspendió los pagos a los bonistas, para luego solicitar una renegociación de la deuda. Sin embargo, el proceso se paralizó por la crisis política y las sanciones de Washington que impiden a ciudadanos y empresas de Estados Unidos a reunirse con funcionarios venezolanos.
En su cuenta en Twitter, el economista Alejandro Grisanti indicó que, aunque el nuevo plan anunciado por la administración de Maduro tiene pocas chances de éxito, deja entrever que busca reconocimiento en los mercados financieros internacionales y las cortes de Nueva York que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
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Posterior a su declaración, Delcy Rodríguez publicó un comunicado en el que detalla las condiciones a los acreedores que quieran firmar el acuerdo de interrupción con oferta condicional:
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