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En 2020 la pandemia del COVID-19 paralizó la economía mundial, pero en Venezuela, cuyo producto interno bruto (PIB) lleva siete años consecutivos en caída libre, sus efectos fueron aún más alarmantes. Con la falta de ingresos a raíz del desplome de la producción petrolera, una prolongada escasez de combustible, fallas en todos los servicios públicos y el flagelo hiperinflacionario a cuestas, la nueva crisis sanitaria golpeó a una población asfixiada por un virus más mortal: la emergencia humanitaria.
“Venezuela antes de la pandemia ya venía atravesando un escenario de hiperinflación; significa que con la pandemia se dio un nuevo latigazo a la economía venezolana”, dijo a El Pitazo Jesús Casique, economista y director de la firma Capital Market Finance.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) calcula que entre 2013 y 2020, el PIB venezolano cayó más de 80%. Su presidente, Felipe Capozzolo, detalló que por rubros, Venezuela perdió 75% del aporte económico del comercio, 95% de la construcción y 65% del aporte de la industria, un escenario restrictivo con el que el país recibió en marzo pasado los primeros casos de coronavirus, cuando se decretó la cuarentena para frenar la propagación de la enfermedad.
El cierre de empresas y comercios —salvo sectores vinculados a la venta de alimentos y medicinas— y las restricciones a la movilidad urbana fueron el eje del confinamiento estricto impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro hasta mitad de año, una vez que se anunció el plan de flexibilizaciones parciales 7+7. Sin embargo, sus consecuencias se reflejaron con mayor impacto en el bolsillo de los venezolanos. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que responde al líder opositor Juan Guaidó, desde marzo hasta final de año la devaluación del bolívar fue de más de 90%, mientras que el tipo de cambio creció 2.000%.
Estas cifras se suman a una caída del 40% en el consumo interno privado para final de año, de acuerdo con Consecomercio. Los sectores más afectados fueron el financiero (-60%), el sector público (-42%) y el petrolero (-41%). La inflación anual, entre tanto, fue de 3.713%, aunque el Banco Central de Venezuela (BCV), dependiente de Maduro, solo reconoció un estimado de 2.959,8%, suficiente para ratificar que el país transitó su tercer año consecutivo en hiperinflación, un fenómeno identificado en noviembre de 2017.
Dentro del sector industrial, las empresas y sus trabajadores quedaron a la deriva para afrontar la pandemia. La promesa de Maduro de pagar nóminas a compañías a través del Sistema Patria resultó insuficiente para un gremio que vio reducida su actividad en 50% en comparación con 2019, según estimaciones de Conindustria. En un informe presentado por su presidente, Adán Celis, a finales de año, se detalla que 1.200 empresas no aguantaron la paralización económica que provocó el COVID-19.
Celis agregó que en ocho meses solo han podido trabajar de manera continua las empresas priorizadas, pero lo hicieron al 25% de su capacidad instalada. Los sectores no priorizados, y que han podido laborar de manera intermitente algunas semanas al mes, laboraron entre un 5% y 15% de su capacidad instalada.
“Esto se debe a que, a diferencia del resto de los países de la región, en Venezuela no hubo incentivos ni fiscales ni monetarios para el sector privado, debido a que el país ha sufrido una fuerte caída de su actividad económica y no cuenta con recursos suficientes”, explicó Casique.
CONINDUSTRIA ASEGURA QUE AL MENOS 1.200 EMPRESAS NO AGUANTARON LA PARALIZACIÓN ECONÓMICA QUE PROVOCÓ EL COVID-19 EN VENEZUELA
A este escenario se le sumó la escasez de combustible, un problema crónico desde hace varios años, pero que se agudizó una vez se detectaron los primeros casos de coronavirus. Las dificultades para abastecer un vehículo de gasolina en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, obligaron a Maduro a imponer un plan de racionamiento, que, a su vez, dio paso a un sistema dual de cobro en dólares y bolívares.
Bajo el nuevo esquema, el combustible se empezó a vender a una tarifa de 0,50 dólares entre una red de 200 gasolineras en el país, administradas por actores privados, que surten la llamada gasolina “súper premium”. El resto de las estaciones de servicio comercializan el hidrocarburo a un precio de 5.000 bolívares el litro (unos 0,0027 centavos de dólar), pero los consumidores se ven obligados a pasar largas horas en colas, con un cupo máximo de 60 litros al mes por automóvil y 30 litros en el caso de las motocicletas, y restringido por el terminal de la matrícula de los vehículos.
La incorporación de estaciones de servicio privadas terminó con el monopolio de la estatal petrolera (Pdvsa), que ahora depende de la importación de gasolina proveniente de Irán por intercambio de oro y otros recursos para abastecer el mercado local, debido al deterioro de sus principales plantas de refinación.
En junio pasado, la producción de petróleo de Venezuela cayó al nivel más bajo en casi ocho décadas, de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). El reporte señaló que el bombeo de crudo fue de 393.000 barriles por día (bpd), 52% por debajo del promedio de 821.000 bpd del primer trimestre, un escenario que Maduro insiste en atribuir a las sanciones estadounidense en contra de Pdvsa, cuyas exportaciones representan casi el 90% de los ingresos de la República.
En el año de la pandemia, los ingresos de los venezolanos también han sufrido escandalosas caídas. En más de 12 meses, el salario mínimo bajó a apenas 0,66 centavos de dólar al mes, una cifra que condena a casi 10 millones de personas (entre trabajadores públicos y pensionados) a la pobreza extrema, pues se ubica en 0,022 dólares diarios, por debajo del umbral de la miseria que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La respuesta del Ejecutivo de Maduro para mitigar el empobrecimiento generalizado de la población —más del 90% según cifras de la Encovi— ha sido entregar bonificaciones mensuales a unos 10 millones de venezolanos, aunque dichos desembolsos nunca superan los cinco dólares.
“Lo que estamos viviendo los venezolanos es una tragedia. El drama de un país en ruinas en donde ni siquiera se puede garantizar las necesidades básicas de un trabajador”, aseveró León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) a El Pitazo.
El líder sindical apunta que precariedad de ingresos en la administración pública ha llevado a millones de venezolanos a vivir de “matar tigres” o actividades paralelas que les permitan adquirir los sustancial del día a día y preservados en un activo refugio como el dólar.
De acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), entre octubre de 2019 y octubre de 2020 la canasta alimentaria familiar aumentó 1.992,96%. Actualmente tiene un costo de 254,25 dólares, lo que implica que el salario mínimo cubre menos del 1% de la canasta.
Mientras los venezolanos huyen del bolívar por su escaso poder de compra, la dolarización transaccional y financiera de facto sigue su curso a la par de otras divisas como el euro, pesos colombianos y reales brasileños en zonas fronterizas. El uso de la moneda estadounidense ha sido tan extendido que hasta el propio Maduro pasó de calificarla de inconstitucional a alabar su irrupción en la economía.
La aprobación de cuentas en dólares, tanto en la banca pública como en la privada; el uso de medios de pago en plataformas digitales como Zelle, Paypal y Uphold; tarjetas internacionales y, por supuesto, las operaciones en billetes extranjeros, forman parte ya de la nueva era monetaria del venezolano, promovida tras el desmontaje del control cambiario con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios y un artículo de la ley del BCV que impedía transar libremente con divisas. El avance de este proceso se da pese a las sanciones de Washington, que impiden a Venezuela acceder formalmente al sistema financiero estadounidense.
Los más beneficiados de esta nueva modalidad, impulsados por la emergencia sanitaria, han sido los negocios electrónicos, que experimentaron un crecimiento significativo y han surgido como alternativa a la crisis. La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom) explica que durante el 2020 detectó un crecimiento del 1.200% de los actores involucrados en el sector. Para el 2020, estima que el incremento puede ser superior al 2.000%.
EN MÁS DE 12 MESES, EL SALARIO MÍNIMO BAJÓ A APENAS 0,66 CENTAVOS DE DÓLAR AL MES, UNA CIFRA QUE CONDENA A CASI 10 MILLONES DE PERSONAS (ENTRE TRABAJADORES PÚBLICOS Y PENSIONADOS) A LA POBREZA EXTREMA
Sin embargo, Casique opinó que la dolarización ha causado un desequilibrio entre quienes tienen acceso a dólares y quienes no.
Un estudio de mediados de 2020 de la firma Ecoanalítica señaló que de los más de 2.000 millones de dólares que circulan en la economía venezolana, 59% se encuentra en poder del 2,3% de la población. La investigación reveló que el 1% tenía 4.200 dólares en promedio, 5% manifestó que poseía 2.180 dólares, en tanto el 90% dijo tener solo 70 dólares en efectivo. “Y luego está la otra mitad, un 50% que vive principalmente con bolívares y con una caída de poder adquisitivo muy grande por la hiperinflación”, advirtió el economista Asdrúbal Oliveros, director de la consultora.
De acuerdo con la firma Datanálisis, más del 55% de las transacciones en el país se realizan en dólares, aunque desde allí auguran que ese número supere el 70% para finales de año.
Mientras tanto, los venezolanos siguen a merced de la pandemia, que hasta la fecha ha registrado más de 143.000 casos de COVID-19 y casi 1.400 muertes. Los indicadores económicos, aunque no son alentadores, prevén una estabilización en el foso de la crisis. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que para este año, las economías de América Latina tendrán una recuperación de 4,1%, a excepción de la de Venezuela, cuyo pronóstico la ubica en un nuevo desplome de su PIB, esta vez de 10%, aunque Jesús Casique cree que puede haber un crecimiento mínimo de 0,5% para el cierre de 2021.
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