Caracas.- Este miércoles, 2 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó tres nuevas medidas económicas con el fin de “democratizar la actividad crediticia”, según dijeron de los representantes de la Administración chavista. Las decisiones presentadas por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, son la reducción del encaje legal de 85% a 73%, el permiso a la banca de usar 10% de sus divisas para otorgar créditos en bolívares anclados al dólar, y la creación de un Fondo Nacional de Emprendimiento.
De acuerdo con Rodríguez, estos anuncios económicos se desprenden de los diálogos sostenidos con representantes de la banca pública y privada a través del Consejo Nacional de Economía. Adicionalmente, la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, aprobó en segunda discusión la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que permite al gobierno de Maduro hasta 20% los impuestos en las transacciones con divisas.
El equipo de El Pitazo contactó a algunos expertos para conocer el impacto de estas medidas en la población y en las empresas.
La primera medida anunciada por el gobierno de Maduro es la reducción del encaje legal a 73%, decisión que estará vigente por un corto período que se evaluará y según el desempeño de la economía se flexibilizará en el tiempo, dijo Delcy Rodríguez el pasado miércoles.
El economista, profesor universitario y consultor financiero empresarial Douglas Ramírez, afirmó que la reducción del encaje permite dinamizar la cartera de crédito y expandir los préstamos que estaban restringidos al corto plazo, y con ello considera que podría aumentar el uso de las tarjetas de crédito.
“Un encaje legal muy alto hace que los bancos no puedan utilizar el dinero, por lo que la reducción del encaje legal permite expandir la cartera de crédito e incluir el crédito al consumo, razón por la cual las tarjetas de crédito pueden aumentar su límite de préstamo”, dijo.
Para este experto la medida beneficia a la banca, cuyo negocio es cobrar por el préstamo, pero perjudica al público en general que tiene el dinero dentro de la banca y cobra tasas de interés negativas. “Prácticamente le pagan a la banca por usar su dinero y generar rentabilidad con este”, señaló Ramírez.
La segunda medida anunciada por el gobierno de Maduro es la autorización a la banca pública y privada a destinar el 10% de las divisas que posean en cuentas a créditos en bolívares indexados a la tasa del valor de la divisa publicado por el Banco Central de Venezuela. “Eso representa el equivalente a 74 millones de dólares en créditos para actividades productivas”, detalló Rodríguez.
Según indicó el analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, el crédito bancario es la principal forma de financiamiento de las empresas. “Al desaparecer el crédito se genera un efecto contractivo. Que aparezca es una buena noticia, pero limitada”, apuntó.
Por su parte, Luis Árturo Bárcenas, economista senior de la firma Ecoanalítica, dijo en una reciente transmisión en la red social Instagram señaló que la indexación de los créditos al dólar provocará una generación de bolívares que no son deseados y probablemente tengan efectos inflacionarios o en el tipo de cambio, al tiempo que el costo del crédito que recibirán los ciudadanos será muy grande. “Si el tipo de cambio crece muchísimo es probable que la cantidad de bolívares que se deba desembolsar para reparar ese crédito va a ser muy alta”.
En ese sentido, Ramírez señaló que “va a pesar” el uso de las tarjetas de crédito, especialmente cuando el usuario tenga solo ingresos en bolívares no indexados al dólar, mientras que los que ganan en divisas tienen ventajas. En ese sentido, recomendó prudencia en el uso de este instrumento financiero.
“La recomendación es que pidan créditos para iniciar un negocio y generar rentabilidad. De esa manera no solo gana el banco, sino la persona que recibió el préstamo”, apuntó.
Esta reforma legal aprobada este jueves en segunda discusión ha sido cuestionada por distintos economistas y abogados. Tiene tres componentes, según explicó recientemente a El Pitazo el abogado Juan Castillo, socio de TinocoTravieso y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario: autoriza al Ejecutivo nacional a aumentar mediante un decreto las tasas de los impuestos hasta un 20%, incorpora un impuesto que deben pagar las personas que cancelen en divisas o criptoactivos a establecimientos y establece un incremento de las tasas a aquellas personas que ya estaban incluidas en la ley.
Al respecto, el abogado Leonardo Palacios, experto en derecho tributario, escribió recientemente en su cuenta en la red social Instagram que se trata de un cerco tributario que además de perjudicar a las empresas afecta la capacidad de compra de los ciudadanos, atenta contra los trabajadores “pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a impuesto”, además de acelerar el cierre de empresas.
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