CLAVES | Lo que es legal en Venezuela sobre las criptomonedas

El primero de febrero de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro oficializó la regulación de las criptomonedas en el territorio nacional, mediante el Decreto Constituyente sobre el “Sistema Integral de Criptoactivos”, publicado en Gaceta Oficial número 41.575.

Este documento explica la legalidad de los criptoactivos. En este sentido, es importante resaltar los aspectos relacionados con su aplicación en Venezuela:

• Son legales los bienes, servicios, valores o actividades relacionados con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos y criptoactivos soberanos dentro del territorio nacional.

• También lo son la compra, venta, uso, distribución e intercambio de cualquier producto o servicio derivado de ellos y demás actividades que sean competentes.

• Este documento indica la legalidad de las máquinas que sean necesarias para los mineros digitales; sin embargo, en caso de que el ente regulador confisque un equipo, puede hacerlo valiéndose de que detectó indicios de incumplimiento de las obligaciones del decreto y existieren elementos que permitan presumir que se puedan causar lesiones graves o de difícil reparación a la colectividad.

• La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) es el ente rector y también la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. para las casas de intercambio.

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• Este ente es el encargado de tramitar ante los organismos nacionales e internacionales lo necesario para la obtención de permisos, licencias y demás gestiones, e igualmente coordinar y dirigir el Registro de la Minería Digital, casas de intercambio y demás servicios financieros en criptoactivos y todas las actividades conexas.

• Los mineros digitales, casas de intercambio y demás servicios financieros en criptoactivos deberán crear los registros necesarios para sistematizar la información correspondiente. Posteriormente se dictará la regulación correspondiente.

• Sunacrip es el ente competente para inspeccionar las actividades y determinará la verdad de los hechos que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de los deberes establecidos por este Decreto Constituyente, los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser procedente, el daño causado.