Caracas.- El 24 de marzo de 1854, durante el gobierno de José Gregorio Monagas, se aprobó la ley que abolía de forma definitiva la esclavitud en Venezuela, tras poco más de cuatro décadas de esfuerzos de la gesta independentista para eliminar esa condición de nuestra sociedad.
El Pitazo te trae unas claves para entender mejor el proceso que llevó a prohibir la trata de personas en nuestro país.
El proceso de abolición legal de la esclavitud en Venezuela se remonta al movimiento independentista, cuando la Junta de Gobierno prohibió el 14 de agosto de 1810 la introducción y venta de esclavos en el país, de acuerdo a nota del Ministerio de Cultura.
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En 1815 el mismo Libertador Simón Bolívar intentó decretar la abolición de la esclavitud durante la Expedición a Los Cayos, pero no tuvo éxito. Lo intentó de nuevo en 1819, ante el Congreso de Angostura y en esa oportunidad los legisladores trabajaron en una gradual extinción de la esclavitud, pero cuidando que esta acción no perjudicara la actividad económica de muchas familias, según sostiene la nota del mismo ministerio.
Este proceso se continuó de forma lenta y paulatina con el avance de la independencia de Venezuela. Durante la gesta de independencia, los ejércitos –tanto españoles como independentistas– ofrecían libertad a los esclavos que se unieran a sus filas y lucharan en la guerra.
Fue en 1821 cuando hubo un movimiento político enfocado lograr la abolición de la esclavitud, según reseña el portal Ivenezuela, y se produjo durante el Congreso de Cúcuta.
Allí se presentó una ley que estableció que todos los hijos de esclavos nacían libres desde ese momento, pero hasta su mayoría de edad (18 años) permanecían bajo servicio del amo de sus padres para aprender oficios y ser trabajadores libres, se les llamaba “manumiso”. También se estableció un impuesto a las sucesiones, administrado por la Junta de Manumisión, que determinaba cada año quienes obtenían la libertad y el precio a pagar a las familias para las cuales trabajaban.
No fue sino hasta 1830 cuando el Congreso de Venezuela –reunido en Valencia– ratificó la ley firmada en Cúcuta en 1821.
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Dado a que estas acciones generaron resistencia en las familias que dependían de los esclavos (pues no querían perder su fuerza de trabajo), se acordó que el Estado contribuiría económicamente para liberar a 20 esclavos por año, y para poder terminar el proceso, en 1854 el gobierno de José Gregorio Monagas asumió la responsabilidad de pagar a los amos por la libertad de cada esclavo que tenían.
Más allá de haber logrado justicia para los esclavos, estos debieron enfrentar un panorama complicado, pues al tiempo que obtenían su libertad eran despojados de sus viviendas y de las tierras que trabajaban y que no les pertenecían; se encontraban sin alimentos, tampoco tenían posibilidades de educarse y con una limitada oportunidad de desarrollarse en la emergente República, según reseña el portal TodosAhora.
