Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) —a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve)— y sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) y para la Libertad de Expresión (Rele) expresó en un comunicado publicado el pasado lunes 26 de julio su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria y su impacto en la libertad académica en el país.
«La Cidh recibió información sobre distintas acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria; entre ellas, la decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria», dice el comunicado, en el que se incluyen cinco acciones más del Gobierno que van en contra de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución nacional y la Ley de Universidades.
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Las otras acciones se refieren a la «significativa reducción presupuestaria» aplicada las universidades; la exclusión de los gremios universitarios de las discusiones sobre las convenciones colectivas; la precariedad salarial «que oscila entre $5.92 y $10.43 USD mensuales»; el carácter excluyente del plan educativo Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del Aparato Productivo Nacional y la actuación del Poder Judicial sobre comicios universitarios al ejecutar «más de 50 decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados», señala el escrito.
Comunicado basado en informes de ONG
El comunicado emitido por la Cidh y dos de sus relatorías es el primero que se refiere específicamente a la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela. En julio de 2020 David Kaye, por entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión (Rele), presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el contexto de la libertad académica.
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Dicho informe señala las restricciones del Gobierno venezolano en este asunto, basado en informes elaborados por ONG como Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). «En algunos países, como la República Bolivariana de Venezuela, el adoctrinamiento ideológico ha llegado hasta la creación de universidades como entidades con fines de control social. La Universidad Bolivariana de Venezuela es una de esas entidades», dice el documento.
El pasado 27 de mayo, El Pitazo, en alianza con Connectas, publicó el especial Universidades en rojo: asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana, una investigación periodística que revela la desigualdad en la asignación de recursos a este sector por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro, así como la existencia de discriminación política en las universidades que controla el Gobierno.
Enlace al comunicado de la Cidh:https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/192.asp
