En Isaías Medina Angarita no saben de seguridad, pero sí de hambre

En este sector, ubicado al oeste de Caracas, en la parroquia Sucre, la calma caracteriza al día y el miedo a la noche. Desde hace más de una década, los vecinos no habían visto un operativo de seguridad, ni siquiera una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana, hasta que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) allanaron el lugar. Los habitantes del sector no entienden de incursiones ilegales ni ejecuciones, pero sí de hambre y de resolver como pueden

Hacía 15 años que Paulo Moniz no veía a un funcionario de algún organismo de seguridad en Boquerón, uno de los sectores del barrio Isaías Medina Angarita. La noche del 23 de enero, día en el que se conmemoraron 60 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y luego de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumiera las competencias del Poder Ejecutivo, varios vecinos trancaron parte de la carretera que va desde la avenida El Cuartel hasta la entrada de El Junquito, mientras otros caceroleaban.

Lo que siguió a la protesta fue la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) al sector. Luego de más de una década de ausencia policial, los habitantes del sector vivieron tres días rodeados de uniformes negros, armas largas, tanquetas y camionetas tipo pick up.

El 24 de enero, cuando Lismary Boada despertó, vio que la puerta de su casa tenía tres marcas y una perforación por disparos. Pasó la noche en una habitación con sus tres hijos y su esposo escuchando el impacto de las balas durante una hora. “Nunca en mi vida había escuchado tanto tiro, fue impresionante”, recuerda Lismary. Antes de eso, en el barrio no habían experimentado algo parecido.

Isaías Medina Angarita está ubicado al oeste del municipio Libertador. Generalmente se nombra como El Amparo, pero son barrios diferentes, aunque conectados entre sí por varias calles. Es uno de los 200 barrios que conforman la parroquia Sucre, la más grande del Distrito Capital y en la que para el año 2020 el Instituto Nacional de Estadística estimó una población de 363.617 ciudadanos. A las casas, de múltiples colores y techos plateados que resaltan con el sol del mediodía, las bordea la carretera de 20 kilómetros que va hacia El Junquito.

Según los cuentos de los fundadores, que repiten quienes tienen más de cuatro décadas en el barrio, era una montaña de un verde bondadoso a la que la atravesaban varias quebradas. Sigue siendo una montaña, pero ahora cubierta con ranchos que comenzaron a construirse en 1967, luego de que un terremoto de 6,5 grados afectara a varios sectores adyacentes al Litoral Central. Desde la calle principal, se puede ver, detrás de cientos de casas de ladrillo, el mar.

La brisa, el azul intenso del cielo y el sonido de los árboles al moverse, para los vecinos de Isaías Medina Angarita son una bendición y lo único que no ha cambiado con el pasar de los años. “Es muy hermoso”, expresa siempre que puede Pablo López, quien tiene 57 de sus 87 años en el barrio; por eso le impactó tanto ver el lugar repleto de funcionarios de las Faes. Aunque entre el 23 y el 25 de enero la gente continuó su rutina, las mamás llevaron a los niños a los colegios y los comerciantes abrieron sus negocios, para Pablo la tensión por la presencia del organismo especial era casi tangible.

No solo para él. “Aquí en 15 años no habíamos visto un policía. Hace tres años solicitamos a la PNB alguna patrulla porque habían aumentado los robos a los comercios y ellos nos dijeron que ellos no estaban para cuidar locales. Ahora tú ves, esperan a que explote para ver qué es lo que queda”. Paulo Moniz llegó el jueves 24 a las siete de la mañana, como lo ha hecho durante 40 años, comenzó a atender su local con normalidad, pero ni él ni ninguno de los vecinos entendía la razón de la incursión de las Faes en el sector:

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de enero arreció el sistema de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados conocidos como colectivos; se registraron 35 muertes en todo el país en las protestas en contra de Nicolás Maduro y otras ocho víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos ilegales a viviendas, sobre todo en sectores populares.

Judith González no sabe si en Isaías Medina Angarita hubo asesinados, tampoco sabe cuántos detenidos se llevaron, pero sí vio cómo los funcionarios detenían a cualquiera que pasara por allí, incluso a personas de la tercera edad o adultos que iban con niños, porque supuestamente estaban relacionados con las manifestaciones. Nadie preguntaba nada. Ella cree que las protestas de la noche del 23 de enero fueron impulsadas por grupos afines al Gobierno para crear un foco de disturbio.

En Isaías Medina Angarita la calma del día contrasta con el miedo que impera en las noches. Judith, quien es abogada, cuenta que luego de las seis de la tarde comienzan a llenar los callejones niñas con ropa sugerente en busca de clientes; jóvenes y adultos que venden y consumen drogas duras y otros que aprovechan la oscuridad para robar a quienes intentan llegar a sus casas. Aun así, los vecinos aseguran que el barrio es un lugar en el que se puede vivir con tranquilidad, pero la política siempre ha generado conflicto.

Williams Rentería cree que estas diferencias han separado más a la comunidad durante los últimos años. Tiene 63 años y más de 40 en el barrio. Aunque lo han amenazado de muerte por hablar de democracia, nunca había sentido tanta agresividad como por estos días. Cuenta, por ejemplo, que a familias que se han mostrado contrarias a Nicolás Maduro les han negado comprar las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Pero los problemas los afectan a todos por igual. Las denuncias contra los consejos comunales y la irregularidad con la entrega de los alimentos subsidiados por el Gobierno se repiten. Robert Puerta, comerciante, asegura conocer todas las calles y callejones del barrio y cree que lo que hace falta es unión entre vecinos para lograr las metas: “Como acabar con los consejos comunales que no sirven, por ejemplo”.

Las fallas con el agua, la falta de gas doméstico, el deterioro del transporte público y la caída diaria del poder adquisitivo amilanan el ánimo colectivo. Aun así, Zaida Petit considera que la hostilidad es una decisión. Siempre que puede, afirma que su barrio es lo más lindo: “A veces pienso en irme a otro lado y me pregunto cómo será ese otro lado y pienso que nunca nada será como mi barrio”. La amabilidad es su divisa, tratar bien a los demás y dar cariño sin esperar nada a cambio ha sido su modo de vida, porque cree que es lo único que queda después de la muerte. Para ella, la violencia, los problemas, los gobiernos, la delincuencia, las Faes, incluso ella misma, son efímeros, como los aromas.

La constante es el calor de la gente de Isaías Medina Angarita. Hilario y Richard Urbina son primos, provenientes, según cuentan, de una de las familias fundadoras. Los problemas se repiten: no hay agua, falla la electricidad, deben perseguir a los camiones del gas doméstico y viven prácticamente sin Internet ni línea telefónica; pero Hilario y Richard valoran que cada calle conforma una familia: “Son los vecinos de toda la vida, nos conocemos y nos ayudamos; así, bueno, los problemas se pasan un poco”.

Isaías Medina Angarita es un cerro; las calles son pendientes pronunciadas que les exigen a sus caminantes fuerza en las piernas y resistencia, sobre todo, para subirlas. Desde que comenzó a bajar la cantidad de unidades de la flota de unidades de transporte público, a mediados de 2017, los habitantes del sector caminan para salir y llegar a casa. Responsabilizan al Gobierno por las caminatas kilométricas.

En cada esquina, en las panaderías y licorerías, en las aceras, en las paradas de los autobuses, donde sea, se habla de política. Cuando alguien menciona el nombre de Nicolás Maduro, todos gritan en rechazo. “A ese no lo queremos ni de vaina”, comenta un hombre de más de 50 años. “Aquí siempre fuimos chavistas, pero con ese tirano no queremos nada”, completa y asegura que ahora la opción es Juan Guaidó.

Durante las últimas semanas también se ha hablado mucho de la ayuda humanitaria organizada por la Asamblea Nacional y la comunidad internacional para atender a 300.000 personas cuyas vidas están en riesgo por la falta de medicinas y alimentos.

Nieves Morillo desea que las autoridades del chavismo y la Guardia Nacional permitan la entrada de esa ayuda a través de las fronteras con Colombia y Brasil, aunque sabe que ella no forma parte de las 300.000 personas que la necesitan.

Ella, sus hijos y sus nietos se han visto afectados por la caída del poder adquisitivo, la hiperinflación y el desabastecimiento; han pasado hambre y les ha tocado resolver con los productos de las cajas de los Clap. Aun así, reconoce que hay mucha gente en peor situación; a pesar de todo, se siente agradecida y asegura que en su barrio la mayoría de los vecinos piensa como ella: “Nosotros somos pobres, aunque esa palabra es fea, ¿verdad? Es bien fea, pero es así, es lo que somos, pero entre todos nos colaboramos, porque el venezolano es así, colaborador”.