Puerto Cabello.- Sendos allanamientos practicaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), desde el viernes 11, en la farmacia El Fortín y en la clínica Miranda de Puerto Cabello, por su vinculación con el presidente del Instituto de Salud del estado Carabobo (Insalud), Juan Carlos Yánez, y a una presunta red de tráfico y reventa en dólares de medicamentos para COVID-19.
Vecinos de Rancho Grande y el centro de la ciudad confirmaron a El Pitazo que comisiones del Sebin Caracas allanaron el sábado la farmacia El Fortín, ubicada en el edificio San Valentín, de la avenida Juan José Flores, diagonal al Hospital Molina Sierra, y la clínica Miranda, situada en la calle del mismo nombre del casco central porteño.
Trascendió que al menos otra clínica del centro de la ciudad también fue allanada este domingo 13 de septiembre, pero la especie no ha sido confirmada por ausencia de información oficial.
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“Se trata de una red de corrupción integrada por funcionarios de Salud de la Gobernación del estado Carabobo y de la Alcaldía de Puerto Cabello que venían traficando con medicamentos para COVID-19; los acaparaban y los pacientes no los conseguían, pero en la clínica y en la farmacia El Fortín sí los había, obviamente, a precios triplicados y en dólares», reveló una funcionaria del sector salud bajo condición de anonimato para evitar represalias en su contra.
Juan Carlos Yánez, quien es ingeniero, no médico, fue destituido por el gobernador Rafael Lacava de la presidencia de Insalud el viernes, una decisión que se conoció el sábado. La remoción del funcionario ocurrió después de que Nicolás Maduro denunció tráfico de medicamentos gratuitos que su gobierno enviaba al Hospital Central de Valencia para pacientes con COVID-19.
A Yánez se lo relaciona con la farmacia El Fortín y a un personaje conocido como el “Principito”, que aparece como jefe de la clínica Miranda y manejaría una red de venta y reventa en dólares de medicamentos gratuitos, así como de insumos que el Gobierno nacional envió a las dependencias públicas de salud para tratamiento de COVID-19.
Los allanamientos que se iniciaron por órdenes presidenciales se intensificaron durante el fin de semana. El jueves 10 de septiembre se practicó la detención de Laura Lara, señalada por el Sebin como traficante de medicinas para COVID-19.
