San Carlos.- Néstor Gutiérrez, coordinador del Foro Penal en Cojedes, condenó la actuación de los cuerpos de seguridad de Estado en medio de la cuarentena decretada por Nicolás Maduro por la aparición del coronavirus. Señaló que detienen a las personas por no cumplir con la cuarentena y no usar el tapabocas, lo que es contrario a la norma jurídica y violatorio de los Derechos Humanos.
Las declaraciones las ofreció a El Pitazo este martes 26 de mayo a partir de los reportes que maneja desde el Foro Penal.
Gutiérrez indicó que las detenciones realizadas en Cojedes en medio de la cuarentena por los funcionarios son arbitrarias y no tienen fundamento de ley. Agregó que a estas personas, que en su mayoría no tienen antecedentes penales, las presentan ante el Ministerio Público como unos vulgares delincuentes.
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No se puede castigar un delito que no está previsto en la ley
Destacó que estas actuaciones se contraponen a lo establecido en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, que establece que a ninguna persona la podrán sancionar por actos u omisiones no previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Añadió que también se viola el artículo 1 del Código Penal Venezolano, que reza que a nadie se lo podrá castigar por un hecho que no estuviere previsto como punible por la ley.
«Vemos cómo jueces y fiscales que representan al Estado venezolano violan flagrantemente la ley y la libertad personal. Estas personas imputan un delito que es futuro e incierto. Ellos aseguran que los detenidos propagan el coronavirus, pero no les han hecho exámenes para determinar si portan la enfermedad», sostuvo el abogado.
Dijo que más allá de las formas en las que se realiza el decreto del estado de alarma, que no cumple con los extremos legales, se juega con uno de los bienes más preciados de los ciudadanos, que es la libertad personal.
Añadió que a estos funcionarios, jueces y fiscales hay que recordarles que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, que los delitos por violaciones de derechos humanos no prescriben y que en su momento deberán responder ante la justicia.
