Caracas.- En sesión ordinaria de este miércoles, 27 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección para el pueblo indígena y diputados, luego de las muertes, los episodios de represión y persecución política que se registraron en la frontera con Brasil y Colombia desde el 21 hasta el 25 de febrero.
La comisión especial que hace seguimiento a la asistencia humanitaria consignó un informe en el cual especificó que, hasta el 25 de febrero, se contabilizan cuatro pemones asesinados por parte de la Guardia Nacional (GN) y grupos irregulares, y otra fallecida en el Táchira. De acuerdo con los registros de Provea y el Foro Penal, que expone el documento, al menos 317 ciudadanos resultaron heridos hasta ese día, de los cuales 141 recibieron impactos de proyectiles.
Los parlamentarios también solicitaron a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; a la Unión Interparlamentaria Mundial y al Parlamento Europeo que envíe una comisión especial que acompañe a la AN con el fin de que investigue “la masacre” a la población pemón, debido a la poca independencia e imparcialidad de los organismos encargados de la acción penal y judicial.
Aunque se desconoce la fecha, la comisión especial se dirigirá junto con los diputados de las entidades afectadas hasta los lugares donde se registraron las muertes y las situaciones de represión, ejercida por funcionarios de seguridad y grupos irregulares para evitar el ingreso de la asistencia humanitaria que se encontraba en Cúcuta y Roraima.
A pesar de que el informe expone que “fuentes de la Alcaldía de Gran Sabana afirman que hay 25 muertes en Bolívar”, destacan que no han confirmado la cifra. El diputado indígena Romel Guzamana dijo en la plenaria que había visto más de 10 cadáveres en la morgue de Santa Elena de Uairén. Pero antes, desde los jardines, insistió en que el número de fallecidos había ascendido a 25.
Este miércoles, más de 11 parlamentarios ejercieron derechos de palabra para rechazar lo ocurrido a propósito de la asistencia humanitaria. Describir cómo fueron tratados por funcionarios de la GN y lo que debieron hacer para no ser encontrados por los denominados colectivos.
El diputado Miguel Pizarro, quien preside la comisión especial, aseguró que mientras Nicolás Maduro continúe en el Palacio de Miraflores las masacres y los ataques continuarán.
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La junta directiva le permitió un derecho de palabra a la periodista sueca Anniska Rothestein, quien relató que el 23 de febrero se dirigía hasta la frontera cuando fue interceptada por personas armadas que la amenazaron de muerte y robaron sus pertenecías, entre ellas computadora, cámara y un chaleco antibalas.
La presidente de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, informó que 411 funcionarios, entre militares y policiales, se han apegado a la Constitución.
El diputado Simón Calzadilla señaló que durante el camino pudieron observar varios vehículos negros que vigilaban si los militares acataban la orden de impedir el tránsito de los diputados. Mientras que la legisladora Delsa Solórzano resaltó la valentía con la que actuó la diputada oficialista Arkiely Perfecto, quien se incorporó el 29 de enero al Parlamento, para defender a los miembros del cuerpo legislativo.
Recordó que por más de 33 horas de camino fueron sometidos al gas lacrimógenas, robos y persecución, pero lograron llegar.
En el informe consignado por el diputado Pizarro, se señala que en los dos camiones incinerados que llegaron a suelo venezolano, tras cruzar el puente Santander, había 40 toneladas de asistencia humanitaria, entre insumos médicos, suplementos nutricionales, alimentos y kit de higiene.
Por el sur del país llegaron 50 toneladas, que en este momento se encuentran en resguardo de la población pemón por seguridad, de acuerdo con el escrito.
Antes de iniciar la sesión ordinaria, el presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó, solicitó a la cámara, a través de una comunicación, una autorización para ausentarse por más de cinco días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 numeral 17 de la Constitución. El petitorio fue aprobado por unanimidad.
