Caracas.- El Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, se pronunció este jueves 25 de enero en torno a la llamada Masacre de El Junquito, donde murieron Óscar Pérez y el grupo que lideraba. Saab emitió declaraciones sobre el hecho diez días después que este ocurriera y aseguró que Pérez se alzó contra el Estado y amenazó —en declaraciones a un medio de comunicación internacional— con derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. «Tenemos todas las pruebas de ello», indicó.
El funcionario afirmó que algunos sectores, e incluso gobiernos internacionales, quieren hacer apología a grupos armados que insurgen en el país y que amenazan al Estado. ¿Qué se quiere lograr con esto?», interrogó Saab.
El titular del Ministerio Público hizo un recuento de los hechos en los que estuvieron incursos Óscar Pérez y sus acompañantes. Dijo que pusieron en riesgo vidas de personas inocentes.
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«El grupo de El Junquito amenazó con dar un golpe de Estado; lo dijeron públicamente en una entrevista a un medio de comunicación internacional. Este grupo se alzó contra el Estado y amenazó con derrocar al Gobierno», argumentó.
Saab pidió que nunca más una situación similar ocurra en el país y comparó los hechos con la violencia de grupos armados que por más de 50 años golpeó a Colombia y que actualmente, a través de procesos de diálogo, buscan erradicar.
«En Colombia la violencia de grupos armados ha dejado un saldo de más de ocho millones de víctimas; nosotros no queremos eso para Venezuela», precisó.
El Fiscal General designado por la ANC convocó a un debate nacional para interrogar a los diferentes sectores de la sociedad sobre qué es lo que realmente quieren: «¿diálogo o violencia a través de grupos armados?», preguntó.
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Pese a su pronunciamiento, Tarek William Saab no fijó posición sobre la forma en que se ejecutó el procedimiento donde resultaron muertos Pérez y su grupo. No reaccionó ante las denuncias de la Asamblea Nacional y diferentes organizaciones no gubernamentales en las cuales señalan que en El Junquito se llevó a cabo una supuesta ejecución extrajudicial, hubo abusos, excesos y violación de derechos humanos contra un grupo que se rindió y se mostró dispuesto a dejar las armas. El Fiscal sólo se limitó a hablar sobre las amenazas de Pérez y expresó su desacuerdo con dirimir los conflictos a través de la violencia. No anunció ninguna investigación sobre el caso y tampoco se refirió a la forma en que los cuerpos fueron sepultados.
Sobre estos hechos, la Asamblea Nacional (AN) realiza investigaciones para determinar y aclarar qué fue exactamente lo que ocurrió. La presidenta de la comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano, les recordó a los representantes del Gobierno nacional que la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales no están contempladas en la Constitución y pidió al Ministerio Público cumplir con su rol y aclarar lo ocurrido.
