Caracas.- El estudiante Richard Páez, de 17 años, salió de su casa ubicada en el barrio Maca de Petare, cuando una bala lo alcanzó y le quitó la vida en 1989. La secretaria Matilde Castillo recibió un impacto de proyectil en una pierna, misma que le fue amputada. El trabajador independiente Andrés Eloy Suárez desapareció el 27 de febrero y sus familiares desconocen su paradero todavía.
Estas son algunas de las víctimas que dejó el Caracazo, protesta en la que murieron, según registros oficiales 276 personas -mientras que cifras extraoficiales indican que fueron más de 3.000-, debido a la represión de funcionarios policiales y militares, con mayor intensidad en las zonas populares caraqueñas. Este 27 de febrero de 2022 se cumplen 33 años de los disturbios que se alargaron nueve días y dejaron pérdidas incuantificables.
Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), detalló a El Pitazo que los días donde se generaron más saqueos fueron el 27 y 28 de febrero; sin embargo, durante esas 48 horas el número de víctimas no fue el más alto. Afirmó que aumentaron desde la noche del 28 y el 1 de marzo debido a la suspensión de garantías y el toque de queda en las zonas populares, donde ocurrieron una serie de disparos indiscriminados cuando fuerzas de seguridad se desplegaron para contener el descontento social.
«La impunidad multiplica la violencia»
Ortega cree que la falta de condenas, que no se hayan corregido los procedimientos en el uso desproporcional de la fuerza y el ocultamiento de evidencias, son elementos que a su juicio dan pie para que actualmente exista una situación de mayor gravedad en materia de Derechos Humanos (DD. HH.).
«Lamentablemente la impunidad en el Caracazo multiplica la violencia, multiplica las violaciones de DD. HH. La impunidad del pasado no solo se mantiene sino que se ha venido agudizando en Venezuela», subrayó la cofundadora de la ONG Cofavic.
Y es que el 27 de febrero de 1989 los organismos de seguridad actuaron para apaciguar a una multitud enardecida tras las medidas económicas tomadas por el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
Para los sobrevivientes y los protagonistas de esta historia, los disparos indiscriminados contra residencias, destrucciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, casos de torturas y desapariciones forzadas, son claramente una violación de los DD. HH. por parte de los funcionarios.
«Podemos saber que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales ya es de carácter nacional. Cofavic ha documentando, por ejemplo, en el periodo de 2012 al 2021, unos 13.748 casos. En los últimos seis años se ha registrado el mayor número, unos 9.500. Esto quiere decir que la impunidad ha generado mayor violencia y mayor desestructura de los cuerpos policiales«, destacó para defender su teoría.
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Wolfang fue asesinado en su casa
Wolfang Quintana e Yris Medina formaban una pareja joven caraqueña en 1989. Con 20 y 19 años de edad, respectivamente, tuvieron una hija. Eran las 5 de la tarde del 27 de febrero cuando la joven acudió a una cita pediátrica con su bebé de 3 meses de nacida. De regreso, la gente estaba molesta y se escuchaba información sobre el aumento de transporte y la escasez de alimentos.
A la par, Wolfang, quien trabajaba en una librería en la avenida San Martín, vivía en carne propia el temor de que saquearan el local. El hombre llegó tarde a su casa, ubicada cerca de la estación del metro Capuchinos, en la parte baja del barrio El Guarataro.
Una vez a salvo en su hogar, la pareja se mantuvo los días siguientes encerrados. El 2 de marzo decidieron salir a comprar comida y regresaron a la vivienda de nuevo. Ese fue el último día de Wolfang con vida. Asomado en el balcón de su casa a las 6 de la tarde, una bala proveniente de la avenida lo alcanzó, le entró por pecho y le salió por un costado. Tenía a su hija en sus brazos.
«A la bebé no le pasó nada. Él la puso en el coche y cayó desangrado en la parte baja de la casa. Para la familia es muy duro porque en el lugar que creíamos que era seguro, resulta que asesinan a mi esposo«, contó Yris Medina a El Pitazo.
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Dos sobrevivientes
Yris y su hija de tres meses se salvaron de la bala que, según su testimonio, abrió un hueco en la pared de su casa. Ella y su hija estaban junto a Wolfang cuando ocurrió el hecho, pero ella se distanció unos segundos antes de que el proyectil llegara. La esposa de Wolfang no duda en culpar a las fuerzas de seguridad del Estado por la muerte de su esposo, pues está segura de que ellos dispararon indiscriminadamente contra las residencias cercanas a la avenida San Martín, era lo que se veía desde su balcón y un testigo lo corroboró.
«La voz de mi esposo fue silenciada arbitrariamente, quedo yo para contar nuestra historia y que el caso no quede impune. Estamos esperando que se investiguen los hechos, que haya un juicio y los responsables paguen», destacó.
Medina es una de las cofundadoras de Cofavic y junto a otros familiares y víctimas ha ayudado a personas a denunciar las violaciones de DD. HH. Ella solo quería ser una madre dedicada a su hogar, pero en 1989 le arrebataron esa posibilidad y tras los hechos decidió apoyar a otras personas que estaban sufriendo la pérdida de alguien por lo ocurrido en El Caracazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó en 2002 la actuación del gobierno venezolano en El Caracazo por el uso desproporcionado de la fuerza. Algunas víctimas documentadas por Cofavic recibieron una indemnización, pero a pesar de los exigido, como la entrega de los restos de 18 víctimas y una investigación para determinar responsabilidades, el Estado no cumplió. Tras 33 años los afectado siguen exigiendo justicia.
