Barquisimeto.- Activistas de la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) protestaron este viernes, 10 de diciembre, en la Fiscalía Superior para exigir que se reactiven las investigaciones de los 21 asesinatos registrados en las protestas antigubernamentales de 2017 en los municipios Iribarren, Palavecino, Morán y Urdaneta.
Más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se concentraron en Barquisimeto para honrar la memoria de las víctimas en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Familiares de las personas asesinadas denunciaron a las puertas del Ministerio Público que las investigaciones se mantuvieron paralizadas o cerradas, pero tienen conocimiento de la revisión de expedientes y la inclusión de nuevas entrevistas tras el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Damaris Avendaño y Luis Alejandro Sosa perdieron a sus hijos hace más de cuatro años durante la represión de cuerpos de seguridad del Estado en El Ujano y Valle Hondo. Ambos relataron que han sido víctimas de la inacción del sistema de justicia venezolano. Hasta la fecha no hay detenidos por los hechos. “Ahora esperamos una respuesta de la Corte Penal Internacional”, Afirmó Sosa.
Hay padres que todavía desconocen la identidad de los victimarios de sus hijos. Es el caso de Nelson Arévalo, el estudiante de derecho asesinado en las inmediaciones del Saime en Barquisimeto. «Lo mataron desde una institución del Estado. Quiere decir que un funcionario es el responsable», destacó Avendaño.
28 muertos en manifestaciones
En el país han muerto 286 personas en manifestaciones durante el mandato de Nicolás Maduro, según datos del Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos (Provea). 28 de los asesinatos ocurrieron en Lara en los ciclos de protestas de 2014, 2017 y 2019. La mayoría de estos casos siguen impunes, las cadenas de mando están absueltas y hay militares involucrados que continúan en la Fuerza Armada Nacional (FAN), aunque hay acusaciones y pruebas en su contra, alertó el sociólogo Nelson Fréitez al hacer alusión a los asesinatos de Gruseny “Tony” Canelón y Manuel Alejandro Sosa en 2017.
«Algunas evidencias de impunidad de las actuaciones de funcionarios responsables de estos crímenes en los casos del estado Lara son, por un lado, el ascenso a capitán de la Guardia Nacional al primer teniente Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, el 5 de julio de 2017. Fue imputado en el mes de mayo de ese mismo año por el Ministerio Público como responsable de la ejecución con su arma de fuego del joven Manuel Sosa», reza la declaración pública suscrita por Redhelara y la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic).
La referida declaración indica además: «Es de destacar que en la actualidad este funcionario es el Comandante del Destacamento 122 de la GN acantonado en Carora».
La coalición de organizaciones advierte que apenas en tres de los 21 asesinatos registrados en las protestas de 2017 hay funcionarios imputados por el Ministerio Público. «De estos casos, solo se ejecutó cuatro años después la orden de aprehensión de 12 guardias nacionales que participaron en las torturas, denegación de atención médica y ejecución del joven Gruseny “Tony” Canelón», sostiene la declaración de las organizaciones.
Heridas siguen abiertas
Para Nelson Fréitez, las heridas de la represión en las protestas siguen abiertas por el retardo procesal y la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos. «Hay 21 jóvenes que fueron ejecutados y no han tenido justicia. Hay complicidad en los mandos políticos y militares. Algunos de esos funcionarios son agregados diplomáticos en el exterior o han sido condecorados. Deberían venir a comparecer. Venezuela no debería seguir con estos cuadros de impunidad», apuntó.
Asimismo, Fréitez recordó que al 70% de las víctimas de 2017 les dispararon en la cabeza, cuello o el tórax. «En la Fiscalía General de la República se consignaron las pruebas de una reunión de seis generales de la Guardia Nacional [en Barquisimeto] en la que ordenaron el uso de francotiradores para detener las manifestaciones de ese año», agregó.
