La deriva dictatorial del Estado venezolano ha acabado por imponer en el país un «totalitarismo comunicacional» despojado ya de cualquier «simulación democrática», denunció este domingo en Charleston (Carolina del Sur, EEUU) la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El Gobierno venezolano «ha instaurado ya abiertamente la dictadura» y esta «se desplaza hacia la tiranía que ejercen a dúo el mandatario, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello», dijo el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar en la 71 asamblea general de la SIP, que se celebra hasta el próximo martes en esta ciudad sureña estadounidense.
En el informe sobre el país elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP se tildó de «narcoestado real y no imaginario» el de Venezuela, y se destacó que, en el último semestre, se han registrado «300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, ataques a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones de acceso a la información».
Entre estos atropellos de los derechos y confiscación de las libertades, se destaca en el informe la prohibición de salida del país a 22 directivos del diario El Nacional, del semanario Tal Cual y el sitio web La Patilla, medios contra los que Cabello interpuso una demanda por supuesta difamación.
En la demanda, Cabello exige a los medios una indemnización de unos 78 millones de dólares por «daños morales» al reproducir en enero pasado una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto funcionario con el narcotráfico.
«Los elementos y componentes esenciales de la democracia han cedido» en Venezuela, apostilló Aguiar en la lectura del informe, para agregar: «Se ha instalado el régimen de la mentira, pariente del fascismo de mediados del siglo XX».
Esta tentativa de reeditar los peores tics dictatoriales se encubre con la «mentira política y el fraude legalmente organizado de la ilegalidad», dijo.
Aguiar concluyó la lectura del estado de la libertad de prensa e información en Venezuela con la petición a la SIP de que «adopte una resolución que declare la final ruptura de la libertad de expresión y prensa» en el país.
Asimismo, se solicitó a la SIP que «se condene el comportamiento de Maduro y Cabello como principales victimarios de la prensa libre y la ocultación de información«.
Se encontraba presente en la sala Marcel Granier, presidente de RCTV, quién, en la tanda de preguntas y consideraciones, comentó el tema del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó a Venezuela restablecer la concesión de la frecuencia con que operaba el canal.
«Hay que entender que estamos frente a un régimen (el venezolano) acosado por la pésima situación económica y por la sospecha de participación de sus más altos funcionarios y jefes civiles y militares en actividades del narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y personas y corrupción», desgranó Granier.
Por ello, precisó, el Gobierno «no puede permitir la libre expresión del pensamiento», y, como consecuencia, «vamos a ver cada vez más retaliaciones».
Tampoco «pueden permitir que la justicia se pronuncie sobre los casos que les competen a ellos», y cito en concreto el caso de RCTV: «Llevamos más de diez años demandando en los tribunales venezolanos justicia en nuestro caso y no se ha producido ninguna decisión en estos años«, por eso, resaltó, acudieron a la CorteIDH, tribunal que falló a su favor.
Por su parte, Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, expuso ante los numerosos periodistas presentes en la sala el método de acoso que sufren los medios independientes: primero, relató, «se va creando un cúmulo expedientes» contra los medios o periodistas para, posteriormente, presentarles «medidas cautelares que dan cobertura legal» a esta medidas.
Al final, el periodista o medio acusado «espera un juicio que nunca llega», denunció.
