Valencia.- Voceros de las organizaciones que integran el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja exigieron la derogación de la providencia 001-2021, publicada en Gaceta Oficial 42.098, por considerar que es inconstitucional y viola los derechos humanos.
Los representantes de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Médicos Unidos por Venezuela en Carabobo, Fundación de lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama), la Organización No Gubernamental Padres Organizados y el Grupo Social Cesap rechazaron la medida que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia y Financiamiento al Terrorismo.
Los líderes organizados señalaron que la providencia pretende regular el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil para asistir a quienes padecen la crisis que se registra en Venezuela. Consideran que la medida se extralimita legalmente y representa un grave quebrantamiento de las normativas internaciones de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
“El Gobierno pretende con una normativa de rango sublegal profundizar la persecución y el hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil, desconociendo la existencia de las normas constitucionales, leyes, resoluciones en Venezuela que protegen y regulan las actividades de las organizaciones conformadas sin fines de lucro”, expresó el presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida, Eduardo Franco.
CLAVES | Qué implica la nueva providencia administrativa contra las ONG
La coordinadora de Médicos Unidos por Venezuela capítulo Carabobo, Leyla Ortín, señaló: “La providencia 001-2021 pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población, en un momento en que millones de familia requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos”.
La presidente de la ONG Padres Organizados, Adelba Taffin, asegura que la providencia 001-2021 representa una grave amenaza a las personas que se encuentran bajo el nivel de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil.
“Los obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano; viola sus derechos de protección y asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, expresó.
La presidenta de Funcamama, Luis Rodríguez, considera que la decisión traerá mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana, la cual dijo está severamente afectada por las graves violaciones de derechos humanos, la pandemia de COVID-19 y la emergencia multidimensional por la que atraviesa el país.
“Exigimos la derogación inmediata y cese por completo de las políticas de criminalización y persecución que cercenan el derecho de la sociedad civil a contribuir en las soluciones de los complejos problemas del país”, acotó.
Los voceros de las organizaciones indicaron que solo en Carabobo son al menos 113 organizaciones que resultan afectadas con la aplicación de la providencia 001-2021.
