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Planes de seguridad

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El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia refiere que en 2017 se registraron 26.616 homicidios, 5.535 a manos de las fuerzas de seguridad. Esto da una tasa estimada de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Durante los últimos años Venezuela ha mantenido la segunda posición entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de que desde hace más de 10 años no se tienen cifras oficiales. Durante 2018, de acuerdo con un resumen elaborado por el portal InSight Crime, encabeza la clasificación como el país con más homicidas de Latinoamérica y el Caribe.
Los planes de seguridad que se han implementado desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro han sido seis:  Operativo Madriguera, Distrito Capital (2013); Plan Patria Segura (2013); Plan Nacional de Desarme (2014); creación de las OLP (Operación de la Liberación del Pueblo) (2015); Campaña Carabobo 2021 (2017) y la Gran Misión Cuadrantes de Paz (2018).
Los “cuadrantes de paz”  surgieron en 2013. En primer lugar fueron una iniciativa gubernamental que tenía como fin incrementar el patrullaje inteligente; monitorear las tareas de seguridad y apoyar la comunicación ciudadano-funcionario a través del servicio de telefonía VEN 911; sin embargo, el pasado 16 de julio de 2018, el presidente Maduro declaró la creación de la Gran Misión Cuadrante de Paz, a la que describió como “un sistema de seguridad pública acorde con las coyunturas actuales, en donde se englobarán las diversas políticas de seguridad puestas en práctica durante mi gestión”..

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Implementación del Plan Zamora

.El 18 de abril de 2017, el Gobierno de Maduro anunció la implementación del Plan Zamora, una operación militar que combina la participación de elementos marciales y civiles.
Aunque no existen documentos oficiales del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia de la República en los que se explique en qué consiste el plan, según Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura de Venezuela, este es definido como “el plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un periodo de crisis; también se activa para la atención de desastres y calamidades naturales”.
La puesta en práctica del Plan Zamora fue observada por primera vez el 19 de abril de 2017, día en que opositores al Gobierno decidieron manifestar ante la Defensoría del Pueblo para exigir la realización de elecciones, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la libertad de los presos políticos. Sin embargo, esa marcha fue detenida con disparos y lacrimógenas e intervinieron hombres armados identificados como colectivos, que decidieron formar parte de las fuerzas de seguridad a pesar de ser grupos civiles.
El Plan Zamora ha sido señalado de “inconstitucional” por distintas ONG, debido a que la actual Constitución de la República establece que la seguridad de la nación está a cargo de la Fuerza Armada Nacional, mediante sus componentes del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. No está previsto que se faculte a ni a las milicias, ni a los colectivos, ni grupos civiles (sean las UBCh, los consejos comunales, los Clap y los Congresos de la Patria) para recibir armas del Estado, ni usar las propias en su nombre.

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Colectivos

Una investigación realizada por el portal Insight Crime refiere que en 2002 el presidente Hugo Chávez enfrentó dos momentos que estuvieron a punto de sacarlo del poder: el golpe militar y la huelga protagonizada por trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Tras los hechos, el mandatario detectó su necesidad de tener “estructuras de seguridad paralelas que pudieran ejercer contrapeso a los militares y tuvieran la capacidad de reunir rápidamente tropas de choque contra los manifestantes de la oposición”. A estos grupos los nombró colectivos.
Chávez les dio un espacio en su gobierno, les brindó financiamiento y permitió que se asentaran en las barriadas más pobres de Caracas, con mayor proporción en el 23 de Enero, una zona popular cercana al Palacio de Miraflores y los principales ministerios. Los mismos se agruparon con los nombres de La Piedrita, Alexis Vive, Grupo Carapaica y Tupamaros, entre otros.
Tras el fallecimiento de Hugo Chávez y las protestas ocurridas en febrero de 2014, la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y actual ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, describió a los colectivos como “el pilar para la defensa de la patria”.

“Los guarimberos le tienen miedo a los colectivos organizados”, afirmó.

En 2014 se conoció que colectivos identificados con los nombres de “Tres Raíces” y “Frente 5 de Marzo” tienen estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.
Tres Raíces, según denuncias en medios de comunicación, es un grupo armado. Varios de sus miembros son miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía del Municipio Libertador (PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.
Esta doble vida fue confirmada el pasado 15 de enero de 2018, cuando Heiker Vásquez, líder de este colectivo, murió en el operativo que desplegaron cuatro cuerpos de seguridad del Estado en El Junquito, Distrito Capital, para capturar al expolicía Óscar Pérez, acusado de terrorismo.
Vásquez era parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) e incluso tenía un uniforme de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), a pesar de que no tenía formación como policía.
El colectivo Frente 5 de Marzo fue fundado por un expolicía, José Miguel Odremán, quien murió durante un operativo protagonizado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizado el 7 de octubre de  2014. Este colectivo es investigado por asesinatos, así como por robo y extorsión.  A pesar de ello, creó un servicio de guardaespaldas denominado Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela.
Tras la incursión de los colectivos en las protestas de 2014 y 2017, estos grupos, cuyos miembros en su mayoría andan vestidos de negro y con el rostro cubierto, fueron identificados por el sector con el nombre de «paramilitares».
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, los denominó como «grupos civiles armados al margen de la ley».

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Ejecuciones extrajudiciales

Según un informe de Amnistía Internacional y datos provenientes de la Fiscalía General de la República, se identificó que entre 2015 y junio de 2017 se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales: en 2015 hubo 1.777. El documento afirma que 95 % de las víctimas eran hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que residían en las zonas más pobres de Venezuela.
Además de las cifras de Amnistía Internacional, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas destaca que entre mayo de 2017 y mayo de 2018 fueron asesinadas 301 personas durante operativos de funcionarios de seguridad en Caracas. De esa cantidad, 87 % fueron jóvenes entre 20 y 27 años que cayeron a manos de la policía científica (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Testimonios recogidos por El Pitazo en la morgue de Bello Monte han descrito un patrón en la forma de operar de los funcionarios: irrumpen en la vivienda sin orden judicial en horas de la madrugada, encierran o sacan de la casa a los parientes, los agreden, le disparan al joven y luego alegan un enfrentamiento con un presunto delincuente.

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De  acuerdo con la ONG Cofavic, el Cicpc (70%) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB (30%) en los años 2017 y 2018 protagonizaron las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Estos procedimientos dejaron atrás a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) de 2015 o como fueron llamadas después por el presidente Nicolás Maduro: Operación de Liberación Humanista del Pueblo (Ohlp).

Tras la cantidad de homicidios a manos de funcionarios del Estado, la directora de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, señaló al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. La mujer, en la presentación del informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, denunció que el Estado venezolano “implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia”.
Guevara Rosas también relató que mayoría de las víctimas de los ajusticiamientos son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello: “El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (…) es como una pena de muerte”. Para Amnistía Internacional, esta forma de acción es “un retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial”.
De acuerdo con la data del Monitor de Víctimas, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, de los 301 ajusticiamientos contabilizados en el Distrito Capital, en el municipio Libertador se registraron 217; le sigue de cerca el municipio Sucre, con 63. Las parroquias de este municipio en las que se registraron esos presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y los cuerpos de seguridad fueron Sucre, con 41 muertes; Antímano, con 24; Coche y El Junquito, con 18 personas cada una, y Caricuao y Santa Rosalía, con 17 cada una.

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Operación de Liberación del Pueblo

La Operación de Liberación del Pueblo ha sido la propuesta de mano dura del Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la violencia, que encabeza la lista de problemas de Venezuela.
Estos operativos, integrados por funcionarios de las fuerzas especiales policiales militares, nacieron el 13 de julio de 2015 en la Cota 905. Esta barriada había sido declarada como “zona de paz”, una insignia que impide a efectivos de seguridad ingresar a ciertas localidades para hacer requisas y procedimientos policiales.
Organizaciones de derechos humanos destacan que tras el lanzamiento de las OLP por parte del Ejecutivo nunca se reveló un documento oficial y público que detallara sus métodos y metas. Solo se maneja el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro: “El objetivo de las OLP es apretar al máximo el castigo de todos los crímenes».
Una investigación realizada por el portal RunRunes junto a Connectas refiere que de 2015 a 2017 esta política gubernamental fue responsable de al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas. Cofavic describe el perfil de las víctimas:  99 % de las víctimas son hombres y 78 % de ellos son menores de 25 años.
En estos procedimientos se hizo uso del miedo y la zozobra, pues funcionarios se valían de máscaras con forma de calavera para mantener bajo control a los venezolanos, principalmente en las zonas menos privilegiadas del Distrito Capital, Miranda, Aragua, Yaracuy, Carabobo, Zulia y Lara, entre otras entidades.
Según el criminólogo Fermín Mármol García, el principal error de las OLP es realizar un despliegue de numerosos funcionarios, pues “los líderes de las bandas tienen informantes y pueden estar dentro de los que practican esos operativos; entonces solo se atrapa a pequeños rateros”. Indicó que no han logrado su objetivo primordial, que es reducir la delincuencia. En cambio, “han generado altas tasas de asesinatos a través de ejecuciones extrajudiciales, pues de acuerdo a la versión de sobrevivientes y familiares de las víctimas, los efectivos que participan disparan a matar”.

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Tasa de homicidios

.En 2015, por primera vez Venezuela llegó a su tope de cifras en materia de violencia: 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras registrarse 27.875 muertes violentas, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Esos números colocaron al país como la nación más violenta de América, antes que Honduras y El Salvador.
En 2016, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculó que en el año 2016 hubo 28.479 muertes violentas”; es decir, una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En el informe del OVV de 2017 se señala que hubo un total de 26.616 homicidios en Venezuela. Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimaron en 16.046 casos. Se le suman las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos, y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

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Hacinamiento en cárceles

.El Observatorio Venezolano de Prisiones reseña que el hacinamiento en las penitenciarías de Venezuela era de 153 %. En 2015 llegó a 190 %; en 2016 bajó a 153 %; en 2017 se situó en 250 %, y hasta el primer semestre de 2018 esta realidad rebasó 270 %.
Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, refirió que hasta el primer semestre de 2018 en los sistemas penitenciarios del país existía un nivel de hacinamiento que sobrepasaba el 270 %. A este índice se le suman los retardos procesales y el deterioro de las condiciones de salud, que han dado paso a la desnutrición y aparición de enfermedades como tuberculosis.
Con respecto a los homicidios registrados en las penitenciarías venezolanas, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que en 89 centros de detención preventiva analizados en el primer semestre de 2017 perdieron la vida 27 privados de libertad. En el lapso de enero a junio de 2018 se registraron 163 decesos. Los números fueron interpretados por la organización como un “incremento considerable de muertes bajo custodia y responsabilidad del Estado”.
Además de las penitenciarías, otro foco a analizar son los calabozos policiales, considerados informalmente como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la ley venezolana estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas en los centros de detención preventiva, porque estos no cumplen con la seguridad mínima para mantenerlos en caso de tratarse de sujetos que han cometido delitos como robo u homicidio. De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, el retardo procesal de los tribunales del país ha generado que más de 40.000 internos se encuentren en estos recintos en espera de una sentencia.
Según Prado, de 2017 a 2018 en estos centros de detención preventiva el hacinamiento se incrementó de 400 % a 600 %, pues acogen a más de 60.000 ciudadanos que esperan su traslado a una penitenciaría formal. El investigador detalla que en estos calabozos “donde deberían estar 10 presos hay 50”.
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