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Una investigación de Johanna Osorio Herrera | Armando Altuve, María Vallejo, Sheyla Urdaneta, Jesymar Añez, Liz Gascón, Mariangel Moro, Rosanna Batistelli, equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS
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Al Estado no le gusta hablar del hambre
Miguel hubiese cumplido cinco años el 20 de septiembre de 2018, pero murió como consecuencia del hambre casi seis meses antes, el 7 de abril. El niño falleció en la madrugada, en el mismo hospital donde cinco años antes fallecía Hugo Chávez. Aquel recinto, donde estuvo recluido el Presidente durante sus últimos días de vida, no contaba con los insumos necesarios para atender la infección bacteriana que padecía el sistema digestivo del niño, agravada por su desnutrición. Miguel pasó, así, a integrar una estadística desconocida.
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En Venezuela, el silencio del Estado es abrumador. Los Boletines Epidemiológicos del Ministerio de Salud, desde julio de 2015 hasta diciembre de 2016, se publicaron con retraso de un año, en mayo de 2017. El Anuario de Morbilidad no se publica desde 2015, cuando se divulgó el último informe de 2013. La última Memoria y Cuenta de MinSalud publicada fue la de 2015; las de 2016 y 2017 no han sido divulgadas.
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El Ministerio de Alimentación no publica las Hojas de Balance de Alimentos desde el año 2007, ni el Anuario del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional desde 2008. El Instituto Nacional de Estadísticas, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, no difunde la Encuesta Nacional de Seguimiento al Consumo de Alimentos desde 2015. Y el Anuario de Mortalidad, al que debería pertenecer Miguel, tiene cuatro años de retrasos: la edición de 2014 se publicó en agosto de 2018.
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“Lamentablemente, las cifras en Venezuela no se publican desde hace unos cuatro años. Hay un panorama bastante oscuro sobre las estadísticas. El Estado venezolano considera la información como un arma política y no las divulga, y esto ocasiona que toda la planificación y organización de políticas públicas se dificulte porque para los investigadores es vital saber dónde estamos parados para planificar a futuro”, señala Pablo Hernández, nutricionista del Observatorio Venezolano de la Salud.
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El Estado tampoco da cifras sobre malnutrición y mortalidad infantil a Unicef desde hace una década, de acuerdo a las bases de datos difundidas en el Informe Mundial de la Infancia de este organismo.
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Organizaciones civiles nacionales, como Cáritas Venezuela, Fundación Bengoa y Provea, y equipos de investigación de universidades venezolanas, han buscado mecanismos para indagar y mostrar resultados sobre desnutrición. Sin embargo, la irregularidad en el registro de las muertes de niños dificulta la generación de data sobre mortalidad. “Hemos recibido denuncias de los médicos que comentan que no se les permite colocar la desnutrición como causa de muerte en el acta de defunción de los pacientes, pese a que la desnutrición puede estar asociada a una enfermedad de tipo infecciosa, generalmente. Es lamentable porque las cifras de desnutrición tienen que formar parte de las estadísticas y en el último boletín epidemiológico de 2016, publicado en 2017, no aparece la mortalidad por desnutrición, especialmente en menores de cinco años”, señala Hernández.
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El Anuario de Mortalidad de Venezuela de 2014 (publicado en 2018) registró que 153 niños menores de 5 años murieron por hambre; cinco niños más que en 2013, cuando murieron 148 niños. El mayor incremento de defunciones ocurrió en los niños menores de un año: entre 2013 y 2016, la muerte de bebés aumentó 28 %, de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del Estado. Aunque no existe data oficial, concreta y actualizada, sobre el hambre y las muertes de los niños generadas por esta, desde hace varios años Unicef mide y proyecta estadísticas sobre registros viejos del Estado, y apunta que Venezuela tiene una mortalidad estable de niños menores de 5 años, que se sitúa en 17 %, incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21 %). La cifra es irreal, porque se basa en datos desactualizados.
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La falta de cifras de mortalidad infantil no es la única irregularidad del Estado venezolano. El método utilizado para medir la desnutrición —de la que tampoco hay cifras oficiales— está obsoleto respecto al usado por el resto de la región.
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En 2006, tras un estudio multicéntrico hecho en los cinco continentes, la OMS generó y estableció nuevos patrones de referencia de niños bien nutridos. El patrón de los años 70 y 90 señalaba que un niño estaba desnutrido cuando su peso estaba tres veces por debajo de lo que debería pesar, y que estaba desnutrido agudo, severo, cuando se desviaba cuatro veces del patrón. En cambio, el patrón aprobado en 2006 corrió el punto de corte. A partir de estos patrones, la cuentas sanitarias de los países pueden asegurar que un niño está gravemente desnutrido si está dos medidas por debajo del peso o de la estatura ideal para su edad.
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“Cuando tú mides a 600 niños aquí, y comparas sus mediciones con los patrones obsoletos, resulta que te pueden dar 48 niños desnutridos porque resulta que esperas que estén muy severamente desnutridos para empezar a contarlo, para que ese niño tenga un peso en las cuentas públicas sanitarias de un país. Mientras que con el patrón de 2006 puede ser que los cuentes y te vayan a resultar no 48, sino 78 u 80 niños desnutridos. Entonces la diferencia es que con los patrones obsoletos te dan menos niños desnutridos”, explica la nutricionista Susana Raffalli, a cargo del informe Samán de Cáritas Venezuela.
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“Desde que se aprobaron esos patrones de 2006, casi todos los países los asumieron como sus patrones para evaluar a su población infantil y Venezuela es de los pocos estados en los que eso no se ha asumido. Los formatos que el Instituto Nacional de Nutrición deja para captar la información en los centros de salud siguen con los puntos de corte de los patrones pasados, que se resumen en esperar que un niño esté gravemente desnutrido para que cuente dentro de las cuentas nacionales de la desnutrición. Y esto es gravísimo, porque la desnutrición es uno de los indicadores que se usan por excelencia para asumir y reconocer que hay una emergencia de salud pública en un país. Entonces, pudiera ser que tengas que esperar que el niño se desvíe cuatro veces de lo que debería pesar y ya esté en el pellejo, que lo tengas que hospitalizar, para entonces decir que hay una emergencia de salud pública”, advierte.
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—¿Cómo lo mando al colegio con hambre? ¿Cómo va a entender lo que le explican si no se está alimentando? ¿Cómo va a entender, si tiene hambre?—, se pregunta desesperada Alexandra, tía de Fabrizio. Viven en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, en la tierra donde la bonanza de la explotación de crudo le dio al país opciones de crecimiento y desarrollo, pero que hoy tiene al municipio más pobre del país: Guajira. En su casa, un rancho de zinc, viven hacinados 11 niños y 12 adultos. La preocupación de Alexandra está bien fundamentada, aunque para ella sea solo una sospecha.
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En Venezuela, la falta de cifras oficiales no se limita solo a las mediciones antropométricas de los niños (cuánta pesa, cuánto mide y la circunferencia del brazo izquierdo). De acuerdo al Informe Mundial de la Niñez, desde 2008, Venezuela no registra el alcance de la cobertura de vitamina A, ni tampoco el consumo de sal yodada. La carencia de estos minerales es la principal causa de la desnutrición por micronutrientes, razón por la que en el país se decretó la yodación de la sal en 1993, y la fortificación de la harina de maíz con vitamina A en 1994. Hoy, esos decretos siguen vigentes, pero de nada sirven ante un país con hambre.
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Uno de los principales síntomas de la carencia de yodo es el bocio, una enfermedad tiroidea que estaba erradicada en el país desde hace más de 30 años, y que reapareció sin que las autoridades tomen medidas al respecto. Desde 2017, el estado Portuguesa ha registrado un incremento de casos de esta enfermedad y, aunque no existen estudios que lo certifiquen, la reaparición de la afección podría evidenciar irregularidades en la cobertura de este micronutriente, afirma el doctor Gerardo Rojas, endocrinólogo y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, capítulo centro-occidental.
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“Para el año 2017, la cifra en Portuguesa asciende a tres mil casos. Quisimos hacer una mesa de trabajo, pero nunca pasó de una reunión, porque a nivel central la Gobernación de Portuguesa no permitió avanzar más. Se tomaron biopsias en unos casos, y en otros se hicieron estudios de laboratorio. Sin embargo, debido a los altos costos de los exámenes, estas muestras no fueron procesadas todas y hay unas que están congeladas, aparentemente. No tenemos certeza de cuál fue el resultado, lo que se dijo fue que (el bocio) era carencial, es decir, que el brote estaba asociado a la falta de yodo.
Actualmente, y entre muchas teorías, se asume que está asociado al déficit de alimentos, por la falta de proteínas, como la carne y el pollo, en la dieta diaria, y al uso aumentado de alimentos bocígenos, como la yuca y el resto de los tubérculos. Hace muchos años, en Venezuela, todas las sales se yodaron precisamente para evitar este trastorno. El problema es que ni siquiera hay sal en el país. Algo tan común como la sal ahora es muy difícil de conseguir, y algunas sales vienen de fuera y no están yodadas”.
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Esta carencia de yodo, evidenciada por la reaparición del bocio, marca de forma irreversible a esta generación de niños con hambre. No consumir yodo causa lesiones cerebrales durante la infancia. Sus efectos más devastadores incluyen la alteración del desarrollo cognitivo y motor que influye en el rendimiento escolar del niño, y la pérdida de hasta 15 puntos en el coeficiente intelectual. En su edad adulta, serán menos productivos y, por lo tanto, tendrán menos capacidad de encontrar empleo. Les será más difícil generar ingresos para sus familias, comprar los alimentos que necesitan, estar bien nutridos, vivir bien: romper el despiadado ciclo del hambre.
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El hambre de los niños venezolanos también está asociada a la corrupción. Los alimentos foráneos, comprados por el Estado para distribuirlos a través de las cajas Clap (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) —y cuya compra está vinculada a grupos económicos cercanos al presidente, según una investigación del medio local Armando.Info— podrían ser la causa, también, de las carencias de vitamina A. Tampoco hay estudios ni cifras oficiales que muestren un panorama sobre la cobertura de este micronutriente en los últimos años, pero su déficit se hace evidente en la decoloración del cabello, afirma la nutricionista Marianella Herrera, quien explica que la harina precocida venezolana está enriquecida con vitamina A, pero que no se tiene garantías de la fortificación de las marcas importadas por el Gobierno. Además de la decoloración del cabello, también conocida como síndrome de la bandera, la deficiencia de vitamina A debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de que el niño contraiga infecciones como el sarampión y enfermedades diarreicas, afecta la salud de la piel y, en extremo, puede provocar ceguera. “En Venezuela estamos viendo esta alteración de la coloración del cabello (…). Esto ya ocurrió en Cuba durante el período especial, cuando muchas personas quedaron ciegas”.
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Aquellos mechones castaños, un poco más claros que el resto, que se ven en las cabezas de las gemelas larenses Camila y Carolina, podrían evidenciar entonces que, además de peso y talla, ambas están también desnutridas por falta de micronutrientes. Si es así, podría significar también que sus sistemas inmunes son y serán más débiles que los de otros niños de su edad. Pero aunque el daño a su salud se detenga, su futuro es casi una certeza: los daños provocados por el hambre son irreversibles.
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En su libro Destrucción masiva, Jean Ziegler, ex relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, sostiene que el hambre y sus responsables asesinan en medio de la abundancia:
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“Cada cinco segundos, un chico de menos de diez años se muere de hambre en un planeta que, sin embargo, rebosa de riquezas. En su estado actual, en efecto, la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, casi dos veces la población actual. Así que no es una fatalidad. Un chico que se muere de hambre es un chico asesinado”.
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Desde 2004 hasta 2013 —año en el que nacieron José, Pedro, Carolina y Camila, Gabriel, Verónica, Patricia, Fabrizio y Miguel— Venezuela vivió la mayor bonanza petrolera de toda su historia. Pero el Estado no destinó los recursos necesarios para protegerlos de la miseria. Ahora, el Gobierno de Maduro niega la existencia de la emergencia humanitaria y no acepta la ayuda ofrecida por la región. En cambio, su falta de acción garantiza que estos niños, y miles más de su edad, crecerán en desventaja, serán adultos enfermos, y padecerán toda su vida las consecuencias del hambre a la que fueron sometidos por la irresponsabilidad gubernamental. Pero Miguel, el niño que murió de hambre, no pudo siquiera averiguar qué sería de su vida. Reposa en una tumba sin lápida, en un cementerio pobre de una comunidad pobre, como lo fue su hogar desde el día que nació hasta el día que murió, o fue asesinado, de hambre.
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El Pitazo en alianza con CONNECTAS solicitó entrevistas a organismos oficiales: Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Salud, Consejo de Protección del Niño y el Adolescente (municipio Libertador), Instituto Nacional de Estadística y al director de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para contrastar los datos y señalamientos difundidos en esta investigación. Ninguna petición fue atendida.
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En cumplimiento con la legislación venezolana, fueron cambiados todos los nombres de los niños y familiares contenidos en el material periodístico publicado en El Pitazo, con el objetivo de proteger su integridad.
